Samaná, República Dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Samaná impuso la medida de coerción de presentación periódica al abogado Faustino Morel, representante legal de los Sucesores de Ramona Calcaño, en un proceso vinculado a la parcela 5-B del municipio de Samaná y en el que se ha venido denunciado la interferencia y la presunta parcialización de la fiscal titular Érika Pujols.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. Sin embargo, la jueza rechazó dicha petición al considerar que la medida resultaba desproporcionada tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y escuchar las declaraciones de las personas señaladas como víctimas.
Cabe resaltar que, según lo expuesto en la audiencia, la magistrada observó inconsistencias entre el contenido de la denuncia, la narrativa presentada por el Ministerio Público y las declaraciones ofrecidas por las presuntas víctimas, incluyendo una persona con discapacidad auditiva y del habla.
En ese sentido, a juicio del tribunal, estos elementos evidenciaban discrepancias que impedían justificar la imposición de la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía.
En su decisión, la jueza concluyó que la prisión preventiva no era proporcional a las circunstancias del caso y dispuso como medida de coerción la obligación de que el imputado se presente una vez al mes ante la Fiscalía de Samaná mientras continúa el proceso de investigación.
Se recuerda que, ante este caso, también, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Samaná tiene previsto emitir un fallo sobre la acción constitucional de habeas corpus preventivo interpuesta por el abogado Faustino Morel en contra de la Fiscalía de Samaná y de la fiscal titular, Érika Pujols, por alegada persecución irrazonable en su contra.
Fabián Mercedes Hernández y Bunel Ramírez Merán, abogados de Faustino Morel, sostienen que la medida busca frenar una persecución que considera injustificada y reafirmar el respeto a los principios constitucionales que protegen la libertad y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
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