Santo Domingo, DN.- El diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez, sometió este martes un proyecto de ley que modifica la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, para establecer medidas de protección a los usuarios de tarjetas de crédito, reducir las tasas de interés y fijar un límite máximo al costo del financiamiento.
La iniciativa plantea una reducción inicial del 30% de las tasas de interés vigentes a la fecha de referencia que se establezca para su implementación. La medida se aplicaría tanto a los saldos financiados existentes como a las nuevas operaciones, conforme a las disposiciones transitorias y reglamentarias.
El proyecto también establece una Tasa Máxima de Tarjetas de Crédito (TMTC), calculada con referencia a la Tasa Activa Promedio Ponderada de los créditos de consumo en moneda nacional, más un margen regulatorio que determinaría la Junta Monetaria. Sin embargo, dispone que el interés nunca podrá superar el 45 % anual.
La propuesta establece que, si la reducción inicial del 30 % genera una tasa inferior al límite máximo, las entidades financieras deberán mantener la tasa más favorable para el usuario, sin utilizar el tope legal como justificación para aumentar una tasa previamente menor.
En materia de transparencia, el proyecto dispone que los estados de cuenta identifiquen por separado el capital adeudado, los intereses, las comisiones, los cargos, el pago mínimo y la tasa anual. También deberán incluir una estimación del tiempo necesario para saldar la deuda cuando el titular se limite a pagar el monto mínimo.
La iniciativa contempla, además, que los usuarios puedan realizar pagos anticipados parciales o totales sin penalidad, de acuerdo con las reglas aplicables, y que los cambios en las tasas sean comunicados previamente y respeten tanto los contratos como la regulación vigente.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de cobrar intereses sobre montos de capital que ya hayan sido pagados. El proyecto establece que cualquier cobro de esa naturaleza constituirá una infracción y dará lugar a la devolución o acreditación de las sumas cobradas indebidamente, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.
Asimismo, dispone que los usuarios que paguen el balance total dentro de la fecha límite conserven el período de gracia para las compras que califiquen, conforme a las normas aplicables.
En cuanto a la supervisión, la propuesta asigna a la Superintendencia de Bancos la publicación periódica de información comparativa sobre tasas de interés, comisiones, cargos y límites vigentes. También plantea fortalecer el seguimiento estadístico de las carteras, la morosidad, los saldos financiados y las reclamaciones de los usuarios.
El proyecto establece que las autoridades competentes deberán evaluar, a los 12 meses de su aplicación y posteriormente cada dos años, el impacto de la ley sobre el acceso al crédito, el endeudamiento, la morosidad, la competencia y la estabilidad financiera.
La iniciativa otorga a la Junta Monetaria un plazo de 120 días, contados a partir de la promulgación, para dictar las normas necesarias sobre la metodología de cálculo de la tasa máxima, el margen regulatorio, la aplicación de los pagos y las medidas de supervisión.
Por su parte, las entidades emisoras dispondrán de un máximo de 90 días, luego de la entrada en vigor de la reglamentación, para adecuar sus contratos, sistemas y estados de cuenta. Durante ese período no podrán adoptar medidas dirigidas a neutralizar la reducción de las tasas.
El proyecto establece que, transcurridos 24 meses desde la aplicación plena de la ley, la Junta Monetaria deberá remitir al Congreso Nacional un informe técnico con los resultados y las recomendaciones correspondientes.
La propuesta busca modificar la Ley núm. 183-02, vigente desde 2002, mediante un régimen especial para el financiamiento con tarjetas de crédito, con énfasis en la reducción de intereses, la transparencia de los cargos y la protección de los consumidores y usuarios.
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