Hay palabras que se han vuelto indispensables en el discurso público. Transparencia es una de ellas.
La escuchamos en campañas políticas, discursos oficiales, conferencias, entrevistas y debates. Todos parecen estar de acuerdo en que necesitamos instituciones más transparentes, funcionarios más abiertos y una ciudadanía mejor informada.
El problema es que la transparencia suele ser muy popular mientras se aplica a los demás.
Nos gusta conocer los errores ajenos. Exigimos explicaciones cuando alguien administra recursos públicos. Pedimos documentos, datos, informes y respuestas. Pero cuando la información comienza a revelar nuestras propias decisiones, nuestros errores o nuestros intereses, entonces la transparencia deja de ser una palabra bonita y comienza a incomodar.
Y quizás ahí es donde realmente comienza la verdadera transparencia.
Porque ser transparente no consiste únicamente en publicar lo que nos conviene. Tampoco en mostrar aquello que mejora nuestra imagen mientras escondemos, retrasamos o dificultamos el acceso a la información que podría generar preguntas incómodas.
La transparencia no puede ser una vitrina cuidadosamente organizada para mostrar solo la mejor parte de una institución.
La transparencia tiene que ser una ventana.
Una ventana que permita ver cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son los resultados de quienes tienen la responsabilidad de servir desde lo público.
Publicar no siempre significa informar
Vivimos en una época en la que muchas instituciones tienen portales de transparencia, páginas web, redes sociales y grandes cantidades de documentos disponibles en línea.
Eso es positivo.
Pero debemos hacernos una pregunta que pocas veces aparece en el debate:
¿Está realmente informado el ciudadano porque un documento fue publicado?
No necesariamente.
Una persona puede entrar a una página web y encontrarse con decenas de documentos técnicos, resoluciones extensas, informes difíciles de interpretar y archivos que requieren conocimientos especializados.
La información está ahí.
Pero el ciudadano sigue sin entender.
Y si el ciudadano no puede encontrarla, comprenderla o utilizarla, debemos preguntarnos si estamos hablando de transparencia real o simplemente de cumplimiento formal.
La transparencia del futuro no puede medirse únicamente por la cantidad de documentos publicados.
Debe medirse también por la capacidad que tiene la ciudadanía de comprender lo que ocurre.
Porque informar no es llenar una página de archivos.
Informar es hacer comprensible aquello que afecta la vida de las personas.
El derecho a saber no debería convertirse en una carrera de obstáculos
En la República Dominicana, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública reconoce un derecho fundamental para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía. A esto se suman las Oficinas de Acceso a la Información y los mecanismos digitales que permiten consultar y solicitar información pública.
Son avances importantes.
El propio Portal Único de Transparencia reúne información institucional y busca facilitar el acceso ciudadano y la rendición de cuentas.
Pero todavía tenemos un desafío mayor: convertir el acceso a la información en una experiencia verdaderamente cercana al ciudadano.
El derecho a saber no debería depender de que una persona conozca cómo funciona la administración pública.
No debería ser necesario saber dónde buscar, qué formulario llenar o qué término técnico utilizar para comprender una decisión que afecta a la comunidad.
Mientras más sencilla, clara y accesible sea la información pública, más cerca estaremos de una verdadera cultura de transparencia.
La transparencia antes del escándalo
Hay algo que deberíamos cambiar en nuestra forma de entender este tema.
Con frecuencia, la transparencia aparece cuando ya existe un problema.
Cuando surge una denuncia.
Cuando un periodista investiga.
Cuando las redes sociales comienzan a preguntar.
Cuando un escándalo obliga a una institución a responder.
Pero la verdadera transparencia debería llegar antes.
Antes de la denuncia.
Antes de la sospecha.
Antes del cuestionamiento.
La información pública no debería abrirse únicamente cuando alguien la exige. Debería estar disponible, de manera clara y oportuna, porque pertenece a la ciudadanía.
La transparencia preventiva tiene un enorme valor.
Permite conocer.
Permite preguntar.
Permite corregir.
Y también puede ayudar a prevenir irregularidades.
Cuando las decisiones públicas están expuestas al conocimiento ciudadano, quienes las toman saben que deberán explicarlas. Esa sola realidad puede convertirse en un incentivo para actuar con mayor responsabilidad.
La transparencia no debilita a las instituciones
Existe una idea equivocada de que reconocer errores debilita a una institución.
Creo que ocurre lo contrario.
Una institución pierde credibilidad cuando intenta esconder lo que tarde o temprano será conocido.
Una institución se fortalece cuando explica.
Cuando responde.
Cuando reconoce.
Cuando corrige.
Ninguna administración pública es perfecta. Ningún funcionario está libre de cometer errores. Lo importante es cómo reaccionamos frente a ellos.
La transparencia no exige perfección.
Exige responsabilidad.
Una institución transparente no es aquella que nunca enfrenta problemas. Es aquella que no necesita esconderlos.
Pero también debemos mirarnos como ciudadanos
Sería injusto colocar toda la responsabilidad sobre el Estado.
La transparencia necesita instituciones abiertas, pero también ciudadanos interesados.
Muchas veces reclamamos información, pero cuando está disponible no la consultamos.
Pedimos rendición de cuentas, pero no participamos.
Nos indignamos frente a un problema, pero dejamos de interesarnos cuando desaparece de las redes sociales.
La democracia no puede funcionar únicamente con ciudadanos que aparecen cuando surge un escándalo.
Necesitamos una ciudadanía más activa, más informada y más consciente de que vigilar lo público no es una tarea exclusiva de periodistas, organizaciones sociales o instituciones de control.
Lo público también es nuestro.
La pregunta incómoda
Tal vez el mayor desafío de la transparencia no sea tecnológico ni legal.
Tal vez sea cultural.
Podemos crear nuevos portales.
Aprobar nuevas normativas.
Desarrollar mejores plataformas digitales.
Pero nada de eso será suficiente si seguimos creyendo que la información pública pertenece a quienes ocupan temporalmente una oficina.
Los funcionarios pasan.
Las administraciones cambian.
Pero las instituciones permanecen.
Y la información sobre lo que se hace con los recursos, las decisiones y el poder público pertenece a la sociedad.
Por eso la transparencia es fácil de defender hasta que empieza a incomodar.
Es fácil pedirla para otros.
Lo difícil es practicarla cuando nos obliga a explicar nuestras decisiones.
Cuando revela nuestros errores.
Cuando cuestiona nuestros intereses.
Cuando nos obliga a rendir cuentas.
Pero precisamente ahí es donde demuestra su verdadero valor.
Necesitamos pasar de una transparencia de documentos a una transparencia que comunique.
De una transparencia reactiva a una transparencia preventiva.
De instituciones que informan porque la ley las obliga a instituciones que entienden que informar es parte de servir.
Porque al final, quizás la pregunta más importante no sea cuántos documentos tiene publicado una institución.
La verdadera pregunta es mucho más sencilla:
¿Puede un ciudadano común entender qué está haciendo su gobierno, cómo se toman las decisiones y qué se hace con los recursos que son de todos?
Si la respuesta todavía es no, entonces debemos seguir hablando de transparencia.
Pero, sobre todo, debemos empezar a practicarla cuando más incomoda.
Álvaro Segura
Álvaro Segura es abogado y Máster en Transparencia y Buen Gobierno, con experiencia en administración pública, acceso a la información, transparencia institucional e integridad pública. Comprometido con el fortalecimiento de instituciones más abiertas, responsables y cercanas a la ciudadanía.
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