Ciudadanos y organizaciones radicaron una intervención voluntaria para salvaguardar la protección de la vida desde la concepción consagrada en la Ley No. 75-2025.
SANTO DOMINGO, RD. – Un amplio grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil dominicana se ha constituido formalmente como intervinientes voluntarios ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de defender la plena constitucionalidad del Código Penal aprobado en el año 2025 (Ley No. 75-2025). La acción legal surge en respuesta directa a un recurso de inconstitucionalidad sometido por colectivos promotores del aborto que busca impugnar los artículos que protegen la vida humana desde la concepción.
Los intervinientes rechazan categóricamente la acción directa que ataca las disposiciones relativas a la prohibición del aborto en todas sus manifestaciones. Con este paso legal, buscan salvaguardar los principios de supremacía constitucional, la dignidad humana y la protección reforzada del no nacido, consagrados en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana.
Entre las entidades y personalidades que lideran esta intervención voluntaria se encuentran Pro-Nación, la Arquidiócesis de Santo Domingo, Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, la Fundación Movimiento de Vida y Familia (FOMUDEVI), Alianza Vitae, así como las ciudadanas Carmen Orozco y Mercedes Núñez.
“Existe una total alineación entre el Código Penal aprobado y la Constitución Dominicana, que en su artículo 37 establece un régimen jurídico de protección integral a la vida humana desde la concepción”, puntualizaron los intervinientes a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, los juristas y representantes señalaron que en el territorio nacional no existe un derecho fundamental al aborto, ni tampoco tratado internacional ratificado por el Estado que obligue a la República Dominicana a legalizar dicha práctica.
En su argumentación, afirmaron que las organizaciones que atacan el Código Penal reciben importantes financiamientos internacionales con el fin de expandir la industria del aborto en la región, utilizando para ello mecanismos que calificaron de falaces, como el de contraponer la vida de la madre con la del bebé en gestación.
“En la República Dominicana, tanto la ley como los protocolos médicos otorgan plena libertad a los profesionales de la salud para utilizar sus conocimientos médicos con el fin de salvar vidas, sin que esto implique, de ninguna manera, poner en riesgo la vida de la madre para salvar la del bebé”, explicaron con claridad.
Los intervinientes fundamentan la validez de la Ley No. 75-2025 en el artículo 37 de la Carta Magna, el cual establece de manera categórica que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Enfatizaron que ante este mandato “no existe ambigüedad interpretativa posible”, ya que el uso deliberado de esta expresión otorga una protección constitucional plena al ser humano en desarrollo prenatal.
Bajo esta premisa, explicaron que el bebé en el vientre materno es titular de derechos desde el momento de su concepción, generando un deber positivo para el Estado de preservar su vida. Sostienen que ningún órgano jurisdiccional puede instituir un supuesto “derecho al aborto”, y advierten que el recurso sometido pretende que el Tribunal Constitucional sustituya la voluntad soberana del constituyente por una interpretación ideológica evolutiva incompatible con la norma suprema.
Esta oposición legal ha recibido el respaldo firme de diversas organizaciones del liderazgo cristiano y civil del país, entre las que destacan:
Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE)
Alianza Evangélica Dominicana (AED, antigua ¨Mesa del Diálogo¨), Grupo Acción Cristiana, Fundación Valdez, Escuela de Familias Incorporadas, Foro Social de la República Dominicana.
De acuerdo con las informaciones reveladas, el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto originalmente por los colectivos Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación Alianza Cristiana Dominicana y la señora Rosa Herminia Hernández.
Para sustentar su postura, los accionantes han incorporado expedientes y documentos de apoyo emitidos por una extensa red de organismos nacionales e internacionales, entre los que se citan a Participación Ciudadana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oriéntame para Decidir, el Comité de Expertas del MESECVI – CEVI, Optio – Choice – Freedom – Justice, y el Movimiento Causa Justa.
De igual forma, figuran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Centro de Respuestas Legales de la Alianza Fós Feminista, Women’s Link Worldwide, ILEX Acción Jurídica, la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Human Rights Watch, IPAS Latinoamérica y el Caribe (IPAS LAC), La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Red de Abogadas Feministas por el Derecho a Decidir, la Confederación Nacional de Mujeres del Cambio (CONAMUCA), la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe, el Neill Institute, así como las facultades de derecho de la Universidad Externado de Colombia y Georgetown Law.
Los intervinientes voluntarios concluyeron manifestando su confianza en que las y los magistrados del Tribunal Constitucional ratificarán la vigencia del Código Penal en estricto apego al texto constitucional dominicano.
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