SANTO DOMINGO, R.D. – Crece la indignación pública tras fuertes cuestionamientos dirigidos a la vicepresidenta de la República y presidenta del Consejo Nacional de Salud, quien, según declaraciones difundidas recientemente, tenía la responsabilidad de velar por la correcta administración de los fondos destinados al sistema sanitario nacional. Para diversos sectores, la funcionaria habría fallado en su misión institucional de garantizar la protección del dinero destinado a la salud del pueblo dominicano.
El comentario surge luego de que la vicepresidenta admitiera públicamente que existió robo de recursos del sistema sanitario, generando un duro rechazo por parte de analistas y ciudadanos que interpretaron el mensaje como un intento de deslindarse de responsabilidades.
El doctor Iván Silva, analista político y comentarista, abordó el tema desde una perspectiva crítica, destacando la importancia de la justicia y denunciando desigualdades tanto económicas como judiciales. Según Silva, la situación actual del país refleja dos realidades paralelas: el aumento del costo de vida para la mayoría de los dominicanos, y el estilo de vida opulento de figuras vinculadas al Estado.
Indignación por video viral
Silva presentó un video que, según sus palabras, "desató indignación nacional", al mostrar a un funcionario con un estilo de vida económicamente privilegiado. Se observa una llave de un vehículo valorado, según el comentario, en unos seis millones de pesos; una botella de vino estimada entre siete mil y diez mil pesos; y un sillón valorado en unos quinientos mil pesos.
El comentarista asegura que esta persona no ha desarrollado empresas propias ni posee historial de emprendimiento, y que su único empleo conocido sería el puesto que ocupa actualmente en el Gobierno, con un salario aproximado entre RD$300,000 y RD$350,000 mensuales. Silva sostiene que dicho ingreso no justificaría estos lujos, y afirma que tal situación representa una burla para el pueblo dominicano.
El Caso SENASA y la justicia dominicana
Al profundizar en el proceso judicial del caso SENASA, Silva criticó las declaraciones oficiales realizadas por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien informó que el Ministerio Público no tiene acuerdos de culpabilidad con los diez procesados, ni ha otorgado criterios de oportunidad. También afirmó que solicitará condenas para todos los involucrados.
Sin embargo, el doctor Iván Silva cuestiona la decisión de aplicar medidas menos gravosas a algunos imputados, y sostiene que el Ministerio Público estaría limitando el alcance real de la investigación al afirmar que solo ocho personas están vinculadas al entramado que habría sustraído entre 8,000 y 15,000 millones de pesos del SENASA.
Señalamiento directo a estructuras de control estatal
Silva argumenta que disponer y movilizar estas cifras millonarias sería imposible sin la participación —o al menos la omisión— de instituciones de control del Estado. Entre los nombres señalados, mencionó:
Félix Antonio Santana – Contralor General de la República.
Catalino Correa – Excontralor General y actual director del BANDEX.
Alejandro Fernández W. – Superintendente de Bancos.
Jochi Vicente – Exministro de Hacienda.
Daniel Rivera – Exministro de Salud Pública.
Víctor Atallah – Exfuncionario vinculado al Consejo de Salud.
Carlos Pimentel – Director de Compras y Contrataciones.
Jesús Pérez Iglesias – Titular de la SISALRIL.
Miguel Ceara Hatton – Exministro y autoridad vinculada al sistema de seguridad social.
Silva afirmó que Jenny Berenice Reynoso debe ampliar las investigaciones y convocar a estas figuras debido al rol institucional que tuvieron en el manejo, control y circulación del dinero público.
El comentarista sostiene además que transferencias de tal magnitud habrían requerido participación de la banca pública y privada, por lo que, según su posición, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda debieron detectar irregularidades.
Conclusión: Justicia y presión social
El discurso expone un sentimiento colectivo de frustración ante el incremento del costo de vida, bajos salarios y la percepción de burla desde figuras gubernamentales.
Mientras avanza el proceso legal del caso SENASA, el debate social se intensifica: ¿basta con responsabilizar a empleados técnicos y administrativos o es necesario ampliar el marco penal hacia esferas más altas de mando y control institucional?
Por ahora, el país observa con atención el curso de las investigaciones y el rumbo que seguirá uno de los casos más sensibles y mediáticos de corrupción relacionados al sistema de salud dominicano.
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